Por Dario
- En México, cuatro de 10 niñas prefieren no asistir a clases durante su periodo menstrual
Se llevó a cabo en el Senado de la República el foro “Menstruación libre, una realidad regional como sinónimo de dignidad”, con la intención de dialogar sobre una realidad que sigue siendo invisibilizada y que diariamente viven niñas, adolescentes y mujeres a lo largo del país y América Latina.
La presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, Amalia García Medina, señaló que la menstruación no sólo debe ser libre, sino también digna, por lo que es indispensable liberarla de prejuicios, cuestionamientos y falta de visibilidad; de ahí que deba ser vista como algo natural, con respeto y respaldo a las niñas, jóvenes y mujeres que están menstruando.
García Medina dijo que la menstruación no sólo es un tema que concierne a las mujeres, sino también a los hombres, que tampoco puede ser un tema privado o tabú, pues si bien se trata de un tema personal, también es político, de manera que debe reconocerse pública y políticamente, a fin de que se tomen decisiones en el ámbito legislativo y presupuestal, pues al hablar de menstruación se habla de educación, de formación y de igualdad de género.
Afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a este proceso, empezando por las escuelas, no sólo proporcionando información, sino a que haya acceso a productos de higiene menstrual y a sanitarios adecuados, además de educar con visión de género para erradicar la burla, el sarcasmo y el miedo.
La legisladora de Movimiento Ciudadano refirió que en México cuatro de 10 niñas prefieren no asistir a clases durante su periodo menstrual y 30 por ciento ha tenido que improvisar con distintos productos como papel de baño, telas o trapos su atención, debido a que no cuentan con los recursos para tener un proceso menstruante digno, “por eso decimos que la menstruación no es un hecho individual, sino que debe ser asumido por el Estado, pues más de la mitad de la población vive esta realidad”.
Añadió que en 2020 se eliminó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos menstruantes, mientras que en 15 estados de la República ya se garantiza el acceso a estos productos en las escuelas.
Sin embargo, todavía hay 17 entidades “que no han hecho nada al respecto”, tales como la Ciudad de México, Colima o Baja California Sur, que aprobaron licencias menstruales para trabajadoras en el ámbito público, “pero aún falta mucho por hacer”.
María Fernanda Cámara, fundadora y directora general de Creadoras de Futuro A.C, asentó que si bien para las mujeres y niñas que viven en ciudades la menstruación es complicada, para las que viven en el ámbito rural, es más, pues en muchas escuelas no hay agua ni sanitarios y la única tienda de la comunidad define el precio de los productos menstruantes, los cuales pueden ser elevados.
Fernanda Cámara anotó que la menstruación con dignidad debería ser un derecho, pues no es una elección, razón por la cual una niña no debería de faltar a la escuela por menstruar, por no tener toallas sanitarias, por falta de agua o información, tan sólo en México viven en comunidades rurales más de cuatro millones de niñas, adolescentes y mujeres, algunas de ellas desatendidas.
La exdiputada federal, Martha Tagle Martínez indicó que, si bien el movimiento feminista se ha centrado en el tema de salud sexual y la interrupción del embarazo, también se debe trabajar en los temas de la menstruación y la menopausia, pues ambos deben ser visibilizados para evitar tabús.
Tagle Martínez agregó que todavía existen tabús sobre la menstruación, pues se sostienen los comentarios “de estás en tus días”, “por eso estás de mal humor” o, bien, que se considera en algunas religiones a las mujeres impuras y sucias, lo que genera que se escondan las toallas sanitarias o que se rechace a las niñas, adolescentes y mujeres que menstrúan.
Consideró satisfactorio que la menstruación comience a convertirse en un tema público, pues ello lleva a que se incluya en la agenda pública y se discuta en espacios públicos como el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque aún faltan políticas públicas centradas en la menstruación.