Por Dario
Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
Desde el PRI rechazamos categóricamente las declaraciones falaces de la dirigente del partido Morena, Luisa María Alcalde, quien intenta desviar la atención del rechazo social a las reformas del gobierno de Morena que buscan restringir las libertades políticas y sociales.
En solo diez días de periodo extraordinario, Morena pretende aprobar 30 reformas que otorgarán al Ejecutivo poderes extraordinarios para controlar medios, legalizar el espionaje, vigilar a la ciudadanía y censurar voces críticas. Todo sin debate abierto y en contra de la academia, la sociedad civil y organismos internacionales.
Con su “Ley Mordaza”, Morena busca criminalizar la crítica. El monitoreo digital, los bloqueos, multas y cárcel a disidentes representan el mayor retroceso en libertad de expresión desde la transición democrática.
Tamaulipas, Puebla y Campeche ya muestran cómo Morena silencia a periodistas incómodos. Aunque intenten “limpiar su imagen”, la realidad desmiente al oficialismo. Activistas y medios han documentado los abusos de mandatarios como Layda Sansores y Alejandro Armenta.
A esto se suma la creciente evidencia de los vínculos de Morena con el crimen organizado, señalados en reiteradas ocasiones por el gobierno de los Estados Unidos, como nunca antes en la historia de nuestro país. Fotografías, testimonios y reportajes periodísticos han dejado al descubierto encuentros con grupos delictivos. No se trata de rumores: se trata de hechos documentados que ponen en entredicho la legitimidad y la legalidad del poder que ejercen.
Condenamos la destrucción institucional provocada por Morena, que amenaza la democracia, la seguridad nacional y la reputación de México en el mundo.
No sorprende que Estados Unidos haya clasificado a México como “adversario extranjero” por la colusión del crimen organizado con autoridades federales. Esta etiqueta es consecuencia de una política exterior errática y del narcogobierno de Morena.
Hoy Morena concentra el Poder Ejecutivo, manipula el Legislativo con mayoría artificial y busca controlar el Judicial con una elección fraudulenta, para garantizar sentencias que protejan sus turbios intereses. Cada reforma busca lo mismo: más poder y menos contrapesos.
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Para considerar a los trenes de pasajeros y de transporte de carga como un área prioritaria para el desarrollo nacional, el Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen que busca fortalecer e impulsar a la industria ferroviaria en México.
En lo general, el proyecto fue aprobado por la asamblea con 107 votos a favor; y en lo particular, Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano; Agustín Dorantes Lámbarri y Francisco Javier Ramírez Acuña, del PAN, presentaron reservas a los artículos 6, 6 Bis, 10, 27 y 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, así como al artículo 530, de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Sin embargo, dichas propuestas fueron rechazadas por la asamblea, por lo que el dictamen quedó en sus términos y fue aprobado en lo particular con 102 votos a favor, y enviado al Ejecutivo Federal para sus trámites constitucionales.
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“Este periodo extraordinario será recordado no sólo por la militarización del país a cargo de Morena y sus aliados, también será recordado por la prisa, el desaseo y la falta de condiciones mínimas para que las legisladoras y los legisladores analicen, discutan y voten con seriedad y responsabilidad. La responsabilidad que les dieron los ciudadanos de representarlo”.
Las anteriores palabras vienen desde el interior de Morena. Las pronunció el diputado Gibrán Ramírez Reyes, quien en algún momento fue considerado ideólogo de la llamada Cuarta Transformación, pero que por pensar diferente (del caudillo Andrés Manuel López Obrador) fue marginado, hasta el grado que no tuvo más remedio que renunciar al movimiento oficial e incorporarse a Movimiento Ciudadano.
En los días recientes, en el periodo extraordinario de sesiones convocado por Morena y sus rémoras del PT y PVEM para justificar cambios en la vida nacional que ya están decididos, pero que deben ser revestidos de un proceso aparentemente democrático, la oposición entera expuso las irregularidades cometidas por el oficialismo.
Esfuerzo inútil, porque la llamada Cuarta Transformación tiene una abrumadora mayoría en las dos cámaras del Congreso federal para imponer los cambios ordenados desde el Ejecutivo.
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la diputada de Morena, Merary Villegas de Morena, al igual que el resto de la bancada, niega lo obvio pues todo México como avanza la militarización, pero en Morena lo niegan.
“Se trata de recuperar la paz y restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones, perdida durante los gobiernos neoliberales”. Parecía que la legisladora morenista estaba recordando el país de AMLOlandia.
El diputado José Antonio Meléndez del PRI, colocó las cosas en su justa dimensión, efectivamente, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública esuna emboscada contra la democracia; es someter a las instituciones al Ejecutivo. Nos quieren hacer creer que centralizando, todo se resolverá; que incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena como por arte de magia, a esta errada y llamada cuarta transformación, ahora en su segundo piso, la paz llegará al “país más democrático del mundo”, diría una clásica.
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Y desde los medios de comunicación oficiales, trabakadores de esa institución, no hicieron saber un grupo de trabajadores de Canal Once, una institución que a través de sus 65 años ha contribuido al desarrollo social y cultural de este país.
Queremos hacer de su conocimiento lo que está pasando en la institución bajo la dirección general de Renata Turrent Hegewisch.
Ella y su equipo tienen al canal y a los trabajadores en la más absoluta indefensión.
Cada una de las decisiones tomadas por la actual titular en la conformación de su equipo de alto nivel, han resultado por demás desafortunadas.
En el caso del Director de Administración y Finanzas, Héctor Sánchez, esta persona ha realizado cambios a partir de decisiones impulsivas y carentes de fundamento técnico, demostrando su claro desconocimiento en la materia administrativa.
Entre sus acciones más preocupantes se encuentran despidos injustificados, la solicitud arbitraria de currículums al personal como mecanismo de presión, y una conducta reiteradamente misógina y déspota hacia las compañeras de trabajo, a quienes ha humillado en distintas ocasiones para mostrar su jerarquía en el área.