Por Dario
Causa y Efecto
Por Leonardo Valadez C.
El senador Waldo Fernández González propuso en el Senado de la República una reforma para que ningún gobierno pueda negar o limitar el acceso a los derechos, apoyos sociales o servicios esenciales para la población, sobre todo para grupos vulnerables como las personas con discapacidad.
Denunció que Nuevo León, en donde gobierna Samuel García Sepúlveda, es uno de los pocos estados del país donde el gobernador se negó a firmar un convenio con la Federación para el pago de pensiones a las personas con discapacidad.
En conferencia prensa acusó que, por la falta de este convenio, desde hace tres meses quienes recibían 800 pesos mensuales no puede acceder a este apoyo, a pesar de que hay una partida presupuestal específica y autorizada por el Congreso.
De forma tácita, agregó, se trata de un acto de discriminación contra un sector específico de la población: las personas con discapacidad.
Para resolver este tipo de casos, Waldo Fernández presentó una iniciativa para modificar el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de establecer una definición concreta de la discriminación por omisión, que tiene lugar cuando no se toman en cuenta las medidas o políticas públicas que permitan a todas las personas acceder a sus derechos.
El legislador explicó que actualmente muchas autoridades omiten el cumplimiento de políticas públicas dirigidas a garantizar un mínimo de bienestar para las personas vulnerables, a pesar de que están plenamente establecidas o de que son mandatos de los congresos locales o del Poder Legislativo Federal, “y no existe una sanción por esta discriminación por omisión”.
Éste, agregó, es el caso de Nuevo León, donde la omisión en el pago de pensiones a las personas con discapacidad impacta considerablemente a nuestras comunidades más vulnerables, desde la falta de acceso a servicios esenciales, hasta la indolencia frente a problemas de salud pública como el dengue hemorrágico.
Waldo Fernández dijo que no se puede permitir que la pereza o el desgano del servidor público sigan negando derechos básicos a quienes más lo necesitan. Por ello, insistió, la reforma que propone es un paso hacia la justicia y la verdadera igualdad.
Además, se pronunció en contra de endeudar más al estado con la petición del gobierno estatal, de que el Congreso le autorice una partida de 18 mil millones de pesos, porque no se ha terminado ninguna de las grandes obras que dicen que están haciendo.
Boomerang. – El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, notificó al pleno del Senado que se recibieron las declinaciones y renuncias de ocho de las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que son efectivas a partir del último día de agosto de 2025.
Fernández Noroña especificó que las renuncias son de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández; de la ministra Margarita Ríos Farjat, así como de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, agradeció a Fernández Noroña comunicar las renuncias de las y los ministros, y le pidió no entrar en debate sobre el tema, toda vez que en su momento se hará del conocimiento el contenido de las renuncias.
Por su parte, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, hizo un llamado respetuoso y enérgico para que se deja de “amenazar” con quitarles su haber de retiro o con no aceptarles su declinación a las ministras y a los ministros que decidieron renunciar, cuando está establecido en la Constitución, específicamente, en dos artículos transitorios aprobados por la mayoría.
Sobre esto, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no conoce de amenaza alguna a ministras o ministros, pero de ser el caso deberían de presentar la denuncia pertinente, pues el texto constitucional señala que hoy se cumple el plazo para que ellos puedan presentar su renuncia o declinación para participar en la elección de 2025, lo que les da derecho a su haber de retiro.
Manuel Añorve Baños, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que recibieron un oficio en la Junta de Coordinación Política de cuatro magistradas en situación de maternidad, las cuales solicitan que se les atienda, ya que queda en el “limbo” su circunstancia legal al no poder participar en la elección de 2025 ni en la de 2027.
La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, solicitó a la Mesa Directiva que reciba las cartas de renuncia de todas las personas juzgadoras que así lo decidieron, pues muchas de ellas no lo pueden hacer personalmente y envían a personas autorizadas por ellas y ellos mismos. Sobre esto Fernández Noroña dijo que la Mesa tiene la instrucción de recibir todas las declinaciones sin trato diferenciado.
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